Desalojo administrativo de tres viviendas en campamento “Madres Cabeza de Familia”: estaban vinculadas a investigación por secuestro y crimen organizado en Antofagasta

Antofagasta, 7 de noviembre de 2025. – Esta jornada se concretó el desalojo administrativo de tres polígonos fiscales solicitados por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, ubicados al interior del campamento “Madres Cabeza de Familia”, en el sector norte de Antofagasta.

Se trata de tres viviendas —dos de material sólido y una de material ligero— emplazadas sobre aproximadamente una hectárea de terreno fiscal, las cuales estarían relacionadas con una investigación por asociación criminal vinculada a delitos de secuestro, acopio de drogas y tráfico de armas.

En el operativo participó la Delegada Presidencial Regional de Antofagasta, Karen Behrens Navarrete, el Seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy De La Fuente, y la Seremi de Bienes Nacionales, Pía Silva Díaz, quienes verificaron en terreno las labores de desalojo ejecutadas con el resguardo de Carabineros de Chile, a través de Control de Orden Público (COP), funcionarios de la 5ª Comisaría La Portada, Agente de Diálogo y GOPE. Asimismo, se contó con el apoyo de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

En el lugar, la Delegada Presidencial Regional, Karen Behrens, expresó, “estamos aquí en el campamento Madres Cabeza de Familia, en la comuna de Antofagasta, con esta acción de demolición de tres viviendas que eran utilizadas por parte del crimen organizado. El 15 de octubre fue descubierto por las policías una banda que se dedicaba al crimen y donde fueron detenidos seis extranjeros. Hoy estamos haciendo justamente el desbaratamiento de estos inmuebles”.

Agregando que, “el año 2022, en junio precisamente, cuando este era un campamento incipiente, nosotros como Delegación Presidencial llegamos acá para justamente hacer el desalojo de este sector. Quienes habitaban en ese momento en el lugar interpusieron recursos de protección que fueron fallados mucho tiempo después, dando la Corte Suprema la razón a la Delegación. Hoy, ya hay más de mil inmuebles en este sector. Por lo tanto, si bien estamos abordando temas de crimen organizado, también es importante poder seguir la línea de las ocupaciones ilegales de terrenos, sobre todo en la macrozona norte del país y especialmente acá en la región de Antofagasta”.

Esta acción se enmarca en las coordinaciones originadas a partir del Comité Policial Regional, instancia que lidera semanalmente la Seremi de Seguridad Pública. Dichas gestiones se intensificaron tras la formalización de seis ciudadanos extranjeros por parte de la Fiscalía Regional, el pasado 21 de octubre, en el marco de una investigación desarrollada por las secciones OS7 y OS9 de Carabineros de Chile, que permitió esclarecer el secuestro de una víctima de nacionalidad colombiana, en cuyos inmuebles además fueron encontrados bunkers subterráneos.

Al respecto, el Jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, General Cristian Montre Soto, sostuvo que “estamos generando el resguardo necesario para dar cumplimiento a una resolución de desalojo que involucra la demolición de estas viviendas que están asociadas a distintos delitos. Hoy, este trabajo está culminando. Nosotros ya llevábamos semanas interviniendo el sector, no solo de manera operativa en materias de controles, sino también de forma social. Nos hemos acercado y en estos últimos días hemos intensificado los servicios hacia la comunidad generando mayor cantidad de empadronamiento.

“El año pasado ya teníamos 352 familias empadronadas, de las 900 que hoy día están en este campamento. Esta es una acción que es más que un compromiso, es una convicción de una necesidad que la gente requiere como una señal para poder estar tranquila. Acá la fuerza y acciones están siendo dirigidas hacia el crimen organizado, no hacia las personas vulnerables que han tomado por distintas razones la necesidad de vivir en estos lugares. Necesitamos dar esta señal, darle tranquilidad a esa parte de la comunidad, reafirmando con mucha fuerza que perseguiremos a estos delincuentes que tanto daño le hacen a la comunidad, sobre todo en delitos tan fuertes como el homicidio, el secuestro y el narcotráfico”, concluyó.

A raíz de estos antecedentes, las seremis de Seguridad Pública y Bienes Nacionales, junto con Carabineros, iniciaron la planificación del desalojo y demolición de las estructuras en el menor plazo posible.

En esta misma línea, el seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, indicó “por instrucción de nuestro Ministerio tenemos la tarea de que cuando ocupaciones ilegales están destinadas a la comisión de delitos, o eventualmente las construcciones son producto de los beneficios obtenidos en la comisión de delito, vamos a proceder sistemáticamente como Gobierno a la destrucción de esos inmuebles y a la recuperación de ellos a favor de Bienes Nacionales por tratarse de suelos fiscales”.

“El informe inicial de Carabineros entrega como resultado de que efectivamente estas instalaciones, que hoy día estamos destruyendo, eran utilizadas con fines delictivos. Sin perjuicio de eso, además se evidencia sobre estos mismos suelos fiscales hay numerosas construcciones que son de material sólido y que están destinadas a beneficios de carácter comercial, son ocupaciones que no están en modo alguno autorizadas, razón por la cual perfectamente quedan comprendidas dentro de aquellas situaciones que podríamos efectivamente notificar y proceder también a destruir. No se trata de casos en que hay ocupaciones con fines habitacionales, donde hay compromiso en definitiva de familias que viven por necesidad en el lugar”, añadió.

Por su parte, la seremi de Bienes Nacionales, Pía Silva, señaló, “la recuperación de estos terrenos fiscales considera una extensión bastante importante considerando que el campamento mismo tiene una superficie aproximada de 320.000 metros cuadrados y los tres inmuebles que estamos interviniendo hoy superan los 1.000 metros cuadrados. Desde el punto de vista del Ministerio, estamos apoyando a los servicios involucrados en atacar el crimen organizado, sobre todo cuando estos se emplazan en terrenos fiscales. Somos súper categóricos en señalar que no vamos a permitir que en terrenos fiscales se construyan inmuebles para la comisión de diferentes delitos que sean de connotación pública y que generen un impacto de gran envergadura en la comunidad”.

Importante mencionar que, en terreno y durante el desarrollo de estos desalojos, se sumó un cuarto inmueble que sería utilizado para el comercio informal, el que también fue desalojado por las autoridades, permitiendo finalizar con éxito este operativo.

Finalmente señalar que las labores de demolición se desarrollaron sin incidentes, en un entorno controlado y con todas las medidas de resguardo necesarias, reafirmando el compromiso interinstitucional por la seguridad pública y la recuperación de los bienes fiscales para el uso legítimo de la comunidad.