Ministra Carolina Tohá se comunicó directamente con los alcaldes de Antofagasta y Calama para oficializar información a nivel comunal. Delegada Presidencial Karen Behrens destacó la medida que contribuirá al control de la delincuencia y el crimen organizado en la región.
“Estamos satisfechos que se nos haya confirmado Antofagasta y Calama como parte de las 46 comunas que participaran en esta primera etapa del Plan Calles sin Violencia, y valoramos el esfuerzo que como Gobierno estamos realizando para ampliar el trabajo territorial aumentando de 30 a 46 comunas a intervenir. Recordemos que esto es producto del aumento de los homicidios a nivel país, que ha significado un cambio en la dinámica de la perpetración del delito, aumentando el uso de armas de fuego y de imputados desconocidos, cuyo escenario ha provocado miedo e incertidumbre en la población”, aseguró la Delegada Presidencial de Antofagasta, Karen Behrens Navarrete.
Esto, agregó “ha generado una crisis en materia de seguridad, debido a la dificultad de investigación y persecución penal que implica. Debido a estas nuevas formas delictuales, se exigen respuestas más sofisticadas por parte del Estado. Por esta razón, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se encuentra implementado la Política Nacional contra el Crimen Organizado, una estrategia de largo plazo que tiene por objetivo desbaratar organizaciones criminales, disminuyendo su poder de fuego y económico”.
Explicó que en el corto plazo, el Gobierno implementará el plan de Intervención para disminuir los homicidios y delitos violentos denominado “Calles Sin Violencia” en las comunas y sectores con mayor concentración de estos hechos. En particular, se diseñará una estrategia de intervención específica para cada territorio en base a un trabajo coordinado con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.
Criterios de selección
Las comunas que serán parte del plan se han seleccionado por la ocurrencia de homicidios según las cifras oficiales del Observatorio de Homicidios, en el cual participan las policías, Servicio Médico Legal y el Ministerio Público, entre otros. A ello se han sumado todas las capitales regionales, alcanzando un universo inicial de 46 comunas.
La presencia de organizaciones criminales en los territorios genera temor, control territorial y no distingue fronteras. Por esta razón, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública implementará la línea de acción de persecución penal, junto al Ministerio Público, de manera regional, partiendo por la Región Metropolitana.
La metodología de intervención del plan se diseñó sobre la base de los factores que habitualmente concurren en los territorios donde se producen más delitos violentos: 1) presencia de pandillas, crimen organizado y tráfico de drogas, 2) impunidad penal (delitos graves donde no se han encontrado los responsables o están fugados), 3) tráfico y presencia de armas, y 4) deterioro barrial, tráfico de drogas y consumo problemático de alcohol.
Este Plan Calles sin Violencia considera 3 líneas de acción. La primera, implementa un eje para tener una persecución penal efectiva, el cual tiene como objetivo esclarecer los homicidios y delitos asociados a ellos. Para ello, se establecerá un grupo de primera respuesta de homicidios, que partirá en la Región Metropolitana, el cual tiene como propósito será generar información de manera ágil, levantando fuentes de información directas y con presencia en el sitio del suceso. El equipo de primera respuesta estará a cargo de un fiscal especializado y preferente, coordinado desde la Fiscalía Nacional (Unidad especializada de Crimen Organizado y DIVEST) y estará compuesto fiscales, analistas, abogados/as asistentes, analistas URAVIT y personas apoyo administrativo. Además, la Policía de Investigaciones (PDI) dispondrá de un grupo de investigación especializado dedicado a esta labor, conformado por funcionarios/as altamente entrenados y especializados en investigaciones criminales, con experiencia en el área y en delitos violentos.
La segunda línea de acción es “actividad policial”, y en esta fase Carabineros realizará un patrullaje policial efectivo para prevenir la ocurrencia de homicidios y delitos violentos, a su vez de visibilizar mayor presencia policial en sectores con alta ocurrencia de delitos. Este patrullaje implicará un aumento de la presencia de Carabineros de Chile en sectores altamente conflictivos para disminuir la percepción de inseguridad e impunidad, priorizando sectores y horarios con mayor probabilidad de ocurrencia de homicidios, disparos, amenazas de muerte y drogas en las comunas a intervenir.
Y en tercer lugar, se realizará la fiscalización de infracciones e incivilidades. Esto considera fiscalización de armas para asegurar la tenencia responsable de las armas legalmente inscritas y sacar de circulación las armas ilegales e irregulares. La fiscalización intensiva de armas legalmente inscritas en sectores a intervenir. Además, de rondas focalizadas de fiscalización cuyo objetivo es poder dar captura a personas que cuenten con órdenes de detención pendientes, a través de la implementación de Checkpoints policiales en zonas de alto flujo, donde se realizarán controles vehiculares y de identidad.
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